La fiscalía acusa a Martín Barriuso, presidente, a Igor Gaminde,
tesorero, y a la secretaria de la asociación, de un “delito de tráfico de
drogas con cantidad de notoria importancia”, para el que pide penas de 4 años y
medio de prisión, y otro de “integración en grupo criminal”, al que
correspondería otro año y medio de condena. A los tres se les ha impuesto una
fianza de un millón de euros, por lo que se les embargarán todos sus bienes. A
los otros dos acusados, dos socios que trabajaban en la cosecha con contrato
laboral, se le acusa de tráfico de drogas y se solicita una pena de dos años y
multa de 1.000 euros para cada uno.
Ante estos hechos, las personas firmantes queremos expresar
públicamente lo siguiente:
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La
Asociación de Usuarios/as de Cannabis PANNAGH
se constituyó oficialmente como asociación sin ánimo de lucro en el año
2003. Está formada por personas usuarias de cannabis mayores de edad, y sus
actividades están encaminadas a evitar a sus miembros los riesgos del mercado
negro y prevenir los daños asociados al uso de la planta.
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Es del
dominio público que Pannagh intenta crear circuitos alternativos de
abastecimiento de cannabis respetuosos con la legalidad vigente y que permitan
reducir el tráfico ilícito. Para ello lleva a cabo desde hace años cultivos de
cannabis en circuito cerrado, que en varias ocasiones han sido declarados
legales por distintos tribunales. Todas las causas anteriores han sido
sobreseídas y archivadas en resoluciones judiciales firmes, incluyendo sendos
autos de las Audiencias Provinciales de Bizkaia y Álava, habiendo incluso
llegado a serle devuelta en dos ocasiones la marihuana incautada.
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Creemos
que el cierre de Pannagh -que ya dura dos años- y la imputación contra varios
de sus miembros es buena muestra de la inseguridad jurídica que rodea a sus
actividades, situación que la asociación viene denunciando desde hace años ante
diversas instancias, y cuya existencia fue reconocida por el Parlamento Vasco en
la resolución que dio lugar a la creación de una ponencia para regular los
Clubes Sociales de Cannabis.
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Es
notorio que, desde su fundación, Pannagh ha venido desarrollando un trabajo
público en pro de la búsqueda de un marco de derechos y obligaciones para las personas
usuarias de cannabis, así como para la
obtención de una regulación integral de las actividades relacionadas con la
planta. Durante años, sus actividades han sido del conocimiento general y
toleradas de facto por los poderes públicos.
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Es
especialmente preocupante que se impute a tres miembros de la junta directiva
de Pannagh por integración en grupo criminal, cuando dicho grupo es
precisamente una asociación legalmente constituida y registrada, y cuyas
actividades se han desarrollado sin asomo de clandestinidad. No solo es injusto
castigar con mayor dureza a quien intenta seguir los cauces de la legalidad,
sino que puede hacer que otros crean que es más seguro apartarse de ellos.
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Sin
entrar a valorar y calificar actuaciones judiciales concretas, queremos mostrar nuestro apoyo expreso a
la labor pública realizada por las personas imputadas y, por ende, a todo el
colectivo de personas usuarias que representan. Entendemos que su labor
en pro de una regulación de los colectivos de personas usuarias de cannabis en
nuestra comunidad, y de unas políticas sociales más justas y efectivas, ha sido
positiva y constructiva.
Noviembre de 2013
